Aprobada la nueva legislación civil y procesal que acaba con la incapacitación judicial por discapacidad
El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas incorporadas en el Senado al proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
El texto definitivo se aprobará en la votación que tendrá lugar esta tarde en la Cámara Baja. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, destacó que “hoy, por fin, se va a garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad” y el respeto de su voluntad.
También tomó la palabra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien mostró su “satisfacción” por la aprobación de esta norma“ y por “el consenso” con el que “se ha trabajado”.
Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.
Elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como «poco adaptadas» al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.
Otras modificaciones incluidas en el Senado tienen que ver con la eliminación del término “minusválido” o “disminuido” de todas las leyes.
Una ley adaptada a la Convención de Naciones Unidas
Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.
Otras modificaciones incluidas en el Senado tienen que ver con la eliminación del término “minusválido” o “disminuido” de todas las leyes; la introducción de medidas para que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos judiciales “con garantías», de forma que puedan «entender y hacerse entender”, y la incorporación de la figura del “facilitador”, un experto que les ayudará a lo largo de todo el proceso.