CERMI Asturias traslada sus reivindicaciones a representantes del grupo político IU Asturias

(Oviedo, 16 de mayo de 2019).

Una delegación del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (CERMI Asturias) ha mantenido una reunión de trabajo con Ángela Vallina y Marta Pulgar, eurodiputada y diputada, respectivamente, del grupo político Izquierda Unida (IU). Ambas asistieron acompañadas de miembros de su equipo. La entidad aprovechó el encuentro para plantearles y examinar conjuntamente las grandes demandas del sector social de la discapacidad en estos momentos y con vistas a las elecciones del 26-M.

Uno de los asuntos abordados fue la difícil situación económica de las entidades, ya que muchas asociaciones tienen dificultades para subsistir. Por este motivo, se demandó un incremento de la cuantía de las subvenciones básicas para el mantenimiento las citadas entidades, así como una fórmula para la agilización de pagos, que permita que el movimiento asociativo de personas con discapacidad pueda trabajar con una mínima planificación y con unas condiciones de trabajo dignas.

En relación a las subvenciones de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF (0,7%), CERMI Asturias recalcó la necesidad de la búsqueda de una fórmula para compensar a las entidades que representan a personas con discapacidad y que han visto reducidos sus ingresos en esta convocatoria, como se ha hecho en otras comunidades autónomas a través de fondos adicionales.

Además, desde el comité se puso de manifiesto la preocupación por el modo en el que va a afectar tanto la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como la entrada en vigor del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, que será publicado en las próximas semanas.

Las entidades miembros del CERMI Asturias prestan servicios de carácter público, a través de plazas concertadas con el Gobierno del Principado de Asturias en los centros residenciales, centros ocupacionales y centros de día. El incremento del SMI a 900 € y el aumento salarial pactado en el mencionado convenio colectivo son difícilmente asumibles por las entidades si no van acompañados del correspondiente aumento de la financiación pública.

Tal y como señalaron desde la entidad, si no se produce una actualización del coste de los servicios que las asociaciones prestan por medio de plazas concertadas o subvenciones, “muchas de ellas se verán abocadas al recorte de sus plantillas, a gestionar expedientes de regulación de empleos parciales o, incluso, al posible cierre de algunos recursos”.

Se ha incidido también en el proceso de ajuste de la legislación autonómica, a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y que establece un enfoque claro en los derechos humanos. Otra de las cuestiones tratadas ha sido la necesidad urgente de la aprobación en la legislatura de la normativa pendiente en materia de discapacidad en Asturias

CERMI Asturias insistió también en la incorporación de cláusulas sociales en los contratos con la Administración del Principado, para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la prohibición de contratar con empresas que no cumplan la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o sus medidas alternativas, o el sometimiento de las subvenciones que la Comunidad Autónoma Asturiana entrega a entidades públicas o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e infraestructura al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.

A estas reivindicaciones, CERMI Asturias sumó el necesario desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, además de la urgente aprobación de un catálogo ortoprotésico autonómico.