CERMI elabora un argumentario jurídico de urgencia para exigir una atención médica sin discriminaciones por motivos de discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un argumentario jurídico de urgencia para exigir una atención médica sin discriminaciones por motivos de discapacidad en la pandemia.

Este documento es una herramienta al servicio de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias para que se pueda exigir que se garanticen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad durante esta crisis y, en caso negativo, poder denunciar las situaciones de discriminación con el ordenamiento jurídico nacional e internacional en la mano.

Ante situaciones de discriminación, el CERMI destaca las obligaciones que el Estado español tiene con base en la propia Constitución, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la Ley General de Salud Pública, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Asimismo, destacan contratos sociales como la Agenda 2030 o el reciente Informe del Comité de Bioética de España, que especifica la igualdad de trato y de atención sanitaria, independientemente de la condición de discapacidad y de la situación de “excepción” que está atravesando el país.

En caso de tener que denunciar una situación discriminatoria, el CERMI subraya la importancia de instancias como la Fiscalía General del Estado, la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) y el Defensor del Pueblo.

“La pandemia de COVID19 está comportando un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad y sus familias, que no puede asumirse sin más, como si fuera algo inevitable y fatal”, alerta el argumentario del CERMI.

En este punto, la entidad reivindica que “la protección y el respeto de los derechos humanos en toda su amplia gama, incluidos los derechos económicos y sociales, y los derechos civiles y políticos, constituye un elemento fundamental para el éxito de la respuesta a esta crisis de salud pública”.

DISCRIMINACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA

La plataforma representativa de la discapacidad en España advierte de que las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas en el acceso a la atención sanitaria que precisen si se contagian con covid-19.

“Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria”, abunda el documento.

Añade que “no podrán seguirse criterios clínicos o asistenciales que adolezcan de sesgos por razón de discapacidad o de edad y que supongan un trato desigual desfavorable por esos motivos” y que “en caso de necesitar atención hospitalaria, las personas con discapacidad deberán ser derivadas con todas las garantías”, incluidas las unidades de cuidados intensivos.

Al mismo tiempo, el CERMI exige que se debe garantizar la seguridad de las personas con discapacidad que viven en centros residenciales, así como del personal que trabaja en ellos.

Por otra parte, el CERMI muestra su “plena disposición” en materia de cooperación y asesoramiento al Gobierno para que todas las medidas que se adopten se configuren desde un enfoque inclusivo que incluya la discapacidad en la crisis del COVID-19, además del enfoque de género.

En este sentido, el movimiento asociativo de la discapacidad indica que “todos los planes de preparación y respuesta deben ser inclusivos y accesibles para las mujeres con discapacidad”. “Se debe tener especial atención con las madres y cuidadoras, para que esta emergencia no impacte de forma desmedida en las mujeres”, apostilla el Comité en el argumentario.