790.847,92€ menos en Asturias para que 156 entidades del Tercer Sector de Acción Social puedan atender con 301 proyectos sociales a los sectores más vulnerables
Estamos viviendo una de las mayores crisis económicas y sociales y aun así vemos que lejos de incrementarse el apoyo a las entidades sociales se reduce o extingue la ayuda. Ello va a suponer una merma en nuestra capacidad de atender a las personas cuando más lo necesitan, situación que nos resulta totalmente incomprensible. En conclusión, se debilita al sector solidario, justo cuando se encuentra al borde del colapso intentando atajar el impacto social de la pandemia y cuando hemos demostrado que es más esencial que nunca.
Para las Entidades que componemos la Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias: Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-AS), Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Principado de Asturias), Plataforma del Voluntariado del Principado de Asturias y las organizaciones singulares: Caritas Asturias, Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); nos ha sorprendido con estupor y generado gran intranquilidad el anuncio del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de que se supriman las convocatorias de subvenciones para este año de 5 líneas prioritarias de intervención de las ONGS en nuestra Comunidad Autónoma.
El recorte previsto supone, en el año de la crisis social, sanitaria y económica COVID-19, una reducción de 790.847,92 euros en proyectos sociales desarrollados en Asturias. Esto afectaría de manera directa a 301 proyectos de intervención en ámbitos como la inclusión social, la intervención con menores, la actividad colectiva de mayores, la intervención en el ámbito de la discapacidad y la acción voluntaria, desarrollados por 156 entidades que actuamos en el Principado de Asturias.
Estos 301 proyectos dan respuesta a situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, promoviendo la participación y la vertebración social, y atendiendo a situaciones de precariedad y desigualdad, menores en riesgo, personas con discapacidad, mayores e impulsando la promoción de acciones de voluntariado y solidaridad. Estas personas han sido de las más afectadas por la crisis COVID19, y quedarán aún más desprotegida tras esta decisión.
La supresión de la ayudas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar es la siguiente según las resoluciones de 2019:
- Inclusión social: convocatoria para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. 35 proyectos sociales financiados, 240.000 euros de inversión
- Menores: subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales especializados. Línea 2: programas dirigidos a promover la participación infantil, juvenil y la intervención comunitaria 48 proyectos sociales financias, 209.420 euros de inversión
- Voluntariado: convocatoria para el desarrollo de programas en el ámbito del voluntariado. 63 proyectos sociales financiados, 65.000 euros de inversión
- Mayores: subvenciones para entidades con finalidad del desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos al colectivo de personas mayores. 99 proyectos sociales financiados, 85.000 euros de inversión
- Discapacidad: convocatoria para el desarrollo de programas en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos a las personas con discapacidad (línea grl). 56 proyectos sociales financiados, 195.000 euros de inversión
Conviene recordar que el Tercer Sector no sólo incide en paliar las demandas sociales de los colectivos más vulnerables, también incide directamente en la economía, es así mismo impulsor de solidaridad en la ciudadanía y cuenta con una red muy importante de personas voluntarias dedicadas a la acción social.
El impacto devastador de la pandemia del COVID-19 está golpeando con mayor fuerza a los grupos y personas más frágiles de nuestro entorno. No es nuevo porque la crisis económica y financiera que asoló España en la última década extendió la desigualdad y ya nos exigió en aquellos momentos realizar un esfuerzo de intervención social muy intenso, contando con escasos medios. Por entonces, se incrementaron los recursos propios para compensar la contracción del gasto público, aplicando ajustes internos de personal, gastos de estructura y ampliando el trabajo en red con otras entidades del sector. En pocas palabras, nuestra respuesta al impacto social de la crisis siempre ha sido “hacer más con menos” pero actualmente las necesidades han crecido tanto que es necesario hacer más con más.
No solo es un crisis sanitaria también lo es social
La pandemia del COVID19 ha generado una nueva crisis sanitaria y social en nuestro país. En estos momentos, en España hay 12,2 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social y se prevé que esta cifra se vea incrementada de forma exponencial. En este escenario nuestra respuesta está siendo decisiva y por eso estamos trabajando hasta la extenuación para que nadie se quede atrás desde el primer instante en que estalló la epidemia.
El avance de la encuesta de condiciones de vida de 2019 sitúa la Asturias pre-Covid en el mayor índice de exclusión y/o pobreza de los últimos 11 años (una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social -AROPE- del 24,6% en 2019, habiéndose incrementado un 18% en los últimos doce meses mientras que en el conjunto de España desciende).
Ante esta situación, la Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias, exige que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar reconsidere su postura, manteniendo la inversión social, y que los responsables políticos colaboren de manera activa con las organizaciones de acción social.
El Tercer Sector Asturiano propone las siguiente medidas
No anular o recortar convocatorias públicas que se vienen desarrollando según la Ley de Presupuestos aprobada por la JGPA para el 2020
Una respuesta eficaz y con efecto inmediato, de fórmulas compensatorias de financiación, un Plan especial de emergencia financiera en el Tercer Sector, para paliar los graves desajustes y perjuicios que están padeciendo las entidades del Tercer Sector, que cada vez se encuentran en una situación de mayor debilidad para afrontar el gran desafío social que va a dejar el COVID19.
Un modelo de financiación estable y suficiente que dote de seguridad jurídica y económica a las entidades para poder dar continuidad a los programas de atención a las personas y le permita actuar planificadamente, con certidumbre, con actuaciones plurianuales para paliar los graves desajustes y perjuicios que el Sector padece de manera constante y desarrollar el trabajo en las mejores condiciones en favor de las personas más desfavorecidas. Todo ello en estrecha colaboración con la Administraciones Públicas.
Por último, demandamos presencia activa en la gestación de los acuerdos de recuperación para superar los efectos devastadores de la crisis causada por el COVID19. En las presentes circunstancias, el diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de una democracia avanzada y participativa, a través de La Mesa del Tercer Sector, ya hemos hecho llegar y presentado al Presidente del Principado de Asturias un documento de propuestas con las acciones básicas a tenerse en cuenta en el proceso de reconstrucción social de nuestra Comunidad Autónoma.
Firma
JUNTA DIRECTIVA
MESA DEL TERCER SECTOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS