Radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 en toda España
Bajo el título «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han realizado un informe que supone una radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.
El informe, presentado por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.
Conclusiones del Informe
Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social- ha obtenidos las siguientes conclusiones:
- La brecha digital, un nuevo factor de exclusión.
- La pandemia ha aumentado la brecha de género.
- Ser joven, un factor de exclusión en sí mismo.
- La población inmigrante, la más perjudicada en varios frentes.
- La desigualdad también tiene un impacto territorial.
- Durante la pandemia, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para sobrevivir.
- Nivel de activación alto entre las familias desfavorecidas, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones.
Retos y propuestas
Frente a situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:
1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios -los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.
8. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.
