Valoración de EAPN al Real-Decreto ley de medidas extraordinarias por el Covid-19
El Consejo de Ministros ha aprobado el texto de un Real Decreto Ley dirigido a combatir los efectos de la crisis generada por la enfermedad del Coronavirus. Creemos que los contenidos del mismo, tal como fueron presentados en la rueda de prensa posterior, constituyen un paso en la buena dirección, pero necesitamos una propuesta más ambiciosa para proteger eficazmente a los grupos en pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.
El texto del RDL se centra en una movilización de recursos para el ámbito económico, con hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, de los cuales 117.000 serán de aportación pública y el resto, privada.
En el apartado social, se indica que se ofrecerá apoyo a las familias con vulnerabilidad sobrevenida o en situación previa de vulnerabilidad. Se han asignado 600 millones de euros destinados a prestaciones básicas que gestionarán las CCAA y las administraciones locales, que estarán dirigidas a atender a personas mayores y dependientes, con la mayor cobertura posible.
Aunque la medida es positiva, entendemos que el volumen total previsto con un enfoque eminentemente social debe ser aumentado y complementado con otras nuevas medidas. Esto es debido a que la crisis que enfrentamos tiene unas previsibles grandes dimensiones por lo que la provisión de fondos prevista para la emergencia social debe aumentar y ser sostenible en el tiempo, dado que las consecuencias e impacto social del coronavirus en las personas y en las familias, perdurará tras la erradicación de la pandemia.
Es fundamental que el Gobierno haya acordado garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y de telecomunicaciones, en caso de impagos por parte de las familias vulnerables. No obstante, creemos que el enfoque no ha sido suficientemente amplio a la hora de valorar la seguridad residencial: los hogares cuyas viviendas están en régimen de alquiler y que hayan perdido ingresos por la crisis del Coronavirus quedarán desprotegidas al no haber sido consideradas en este Decreto, ya que sólo aquellas con hipotecas están autorizadas a no pagarlas puntualmente, en caso de dificultades económicas. Sería necesario ampliar la cobertura y prever posibles ayudas de urgencia al alquiler.
Nos parece positivo el apoyo a las personas trabajadoras, especialmente a aquellas que reduzcan su jornada o permanezcan en el hogar si son únicas cuidadoras. No obstante, advertimos que, esto puede tener un efecto negativo, especialmente en el caso de las mujeres, por lo que sería oportuno tener previsto esta posible consecuencia.
Consideramos que es positiva la flexibilización de ERTES para beneficiar a “todas” las personas trabajadoras, considerando dichos Expedientes bajo el concepto de “fuerza mayor” y que, de tal modo, las personas afectadas puedan acceder a la prestación por desempleo, sin que este período de cobro se deduzca del período cotizado. Resulta muy importante que se haya decidido proteger también a las personas trabajadoras, incluyendo a las de las empresas de inserción, con independencia del tiempo de cotización efectuado, tal como se ha anunciado.
Sin embargo, no está claro cómo se aplicarán estas medidas en los casos del régimen especial del servicio doméstico, encuadrado dentro del Régimen General de la Seguridad Social, que comprende a 700.000 trabajadoras, la mayoría de ellas mujeres, ni cómo se protegerá a los trabajadores con otros empleos precarios o “atípicos”, sin contrato, por horas, a demanda, etcétera.
El apoyo a las empresas es el punto central de este “Escudo Protector”, el que mayor presupuesto concentra. Nos parece muy favorable que se haya incluido a las personas trabajadoras autónomas, a quienes se les ha flexibilizado el acceso a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social y a la prestación por cese de actividad, en los casos de caídas de ingresos. El Gobierno ofrece a las empresas que suspendan contratos y reduzcan jornadas, como opción frente a la de realizar despidos, con la intención de que éstas se comprometan a mantener el empleo y la capacidad productiva, para después de finalizada la crisis. Como aliciente, se les exonerará de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Las empresas, incluyendo las PYMES, recibirán toda la liquidez que necesiten, para garantizar su supervivencia, sin límites establecidos. A ese efecto, se ha creado una línea de avales de garantía pública de hasta 100.000 millones de euros, con el Estado como garante de dichas operaciones. Se aceleran los programas de apoyo a la digitalización, para fomentar el teletrabajo. Dentro de este paquete, se ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores, para evitar las compras de sectores estratégicos, aprovechando la volatilidad de los mercados.
Es necesario que se contemple en este ámbito el apoyo a las empresas de economía social y, de forma especial, a las empresas de inserción y que puedan tener ventajas en la cotización a la Seguridad Social y considerar medidas específicas para solventar las dificultades de esta situación.
Todo ello sin olvidar que el Tercer Sector de Acción Social es generador de un importante nivel de empleo, por lo que es necesaria su protección ante la pérdida de recursos humanos y económicos como sector esencial para afrontar la crisis y sus consecuencias.
Nos parece importante que se defienda la sostenibilidad de las empresas que son las fuentes de empleo de nuestro país. Simplemente, las entidades sociales demandamos que se aplique el mismo énfasis en proteger a la población, particularmente a los 12 millones de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión, el 23,8% del total, una cifra que puede dispararse si no se aplican medidas de protección social más amplias, extensas, comprensivas y con mayor dotación presupuestaria.
El último punto que aborda el Real Decreto Ley, el apoyo a la investigación científica, centrado en el desarrollo de una vacuna y una cura para el COVID 19, establece una dotación de 30 millones de euros, gestionados por el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC. A diferencia de lo que sucede lamentablemente en otros países de la OCDE, gracias a la sanidad pública española podremos contar con los beneficios de estas investigaciones y lograr la recuperación de las personas enfermas. Este es uno de los motivos por los cuales las entidades sociales defendemos nuestro Estado de Bienestar, a los servicios públicos y universales como la sanidad y a los profesionales que los integran.
Por último, nos preocupa que el Gobierno siga sin considerar de forma “especial” a las entidades de acción social, dentro del conjunto de actores clave para abordar esta crisis junto con los servicios sociales públicos. Ambos deberíamos ser reconocidos servicios esenciales. Es especialmente importante que, como entidades integradas en el área de atención sociosanitaria y fundamentales en el abordaje de las consecuencias de la anterior crisis socioeconómica para las personas más vulnerables de nuestra sociedad, se tenga en cuenta que estamos desarrollando una labor de asistencia social de urgencia, informativa y preventiva con las personas más afectadas por la crisis provocada por el coronavirus (personas sin hogar, en exclusión residencial, familias en situación de pobreza, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, población gitana, …)
Esperamos que, en el proceso de ampliación de las medidas en los próximos días, que hará el Gobierno Central con las CCAA y las autoridades locales, se puedan contemplar casuísticas de grupos vulnerables o con una vulnerabilidad sobrevenida, que han quedado fuera de las previsiones del RDL. En este proceso, demandamos que se cuente decididamente con las entidades sociales, ya que somos las que estamos más cerca de las personas y de las realidades de vulnerabilidad. Podemos, queremos y necesitamos aportar nuestra experiencia y establecer lazos para una colaboración estrecha con las autoridades en todos los ámbitos y niveles de la administración pública, para salir juntos de esta crisis y salir reforzados con una red de atención primaria, unos servicios sociales y un Estado del Bienestar ampliado y fortalecido.